EL ESTADO NACIONAL ACTUALIZÓ VALORES PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES
Después de casi tres décadas del atentado a la Fábrica Militar Río Tercero, que se llevó siete vidas y dejó 300 heridos, el Gobierno de la Nación estableció nuevos montos para el pago de las indemnizaciones, un anuncio hecho por el ministro de Economía y candidato a la Presidencia, Sergio Massa, y que llegó el día previo a la veda por las elecciones de este domingo.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 596/2023 fue publicado en el Boletín Oficial este jueves y cita: ”Es la respuesta a un reclamo histórico de Río Tercero y termina con 25 años de vergüenza”.
Según el DNU, el Gobierno modificó los montos de las indemnizaciones relacionadas con las explosiones, en cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso hace ocho años y reglamentada en 2018, pero que hasta ahora no se había implementado.
Los nuevos valores fueron establecidos en valores por módulos, cuyo precio estará determinado por el artículo 28 del Anexo del Decreto 1030 del 15 de septiembre de 2016 y sería de estos valores aproximados:
-$8.000.000 para casos de fallecimiento
-$5.600.000 para lesiones gravísimas
-$4.800.000 para lesiones graves
-$800.000 para daño moral
-$760.000 para daño material
La Justicia determinó que la explosión en la Fábrica Militar de Río Tercero fue intencional, concebida para encubrir un desvío de armas destinadas a la venta a Ecuador y Croacia durante la presidencia de Carlos Menem, entre 1991 y 1995.
A finales de 2020, el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, ordenó al Estado nacional el pago de indemnizaciones en un plazo de 30 días para 400 casos representados por el abogado Mario Ponce, quien defiende alrededor de 8000 personas. El Estado, en lugar de cumplir, presentó una apelación, pero recientemente un fallo de Cámara rechazó dicha petición.
“Para hacer efectivo el pago habrá que firmar un formulario para renunciar a las acciones administrativas y judiciales. Nos han dicho que la idea es comenzar los pagos antes de fin de año”, explicó Ponce.
“Si se concreta, será el fin de 28 años de lucha y reclamo de un esfuerzo muy importante que hicimos. Conseguimos oportunamente una ley en 2005; después de una ardua tarea judicial, tuvimos que presentar un amparo. Se reglamentó, diciendo que debían expedirse por parte de jueces certificados judiciales que tenían juicios vigentes. Se presentaron esos certificados judiciales y, a partir de la burocracia de lo que decía la ley del mecanismo de pago, que era a través de bonos de consolidación de deuda, hizo más lento el trámite de pago”, resumió Ponce en diálogo con Cadena 3.
“En el caso de mis representados, ninguno cobró nada; nunca se materializó ni siquiera en bonos. La reglamentación del decreto determinará cómo se dará el pago en pesos. Pero desde el Gobierno nos indicaron que la intención es que empiecen a cobrar antes de fin de año”, valoró el letrado.
El nuevo decreto dice que las indemnizaciones se pagarán en pesos y además evita algunos trámites burocráticos que hasta ahora hicieron demorar más de 25 años el pago de esas indemnizaciones.
Ponce calculó que quienes demandaron al Estado por daños morales y materiales percibirán unos tres millones de pesos de pesos.
El presidente de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, Iván Durigón, estimó que el Estado nacional desembolsaría unos 24.000 millones de pesos en indemnizaciones.
Suponiendo que los demandantes sean 8.000 vecinos, eso arrojaría que en promedio cada uno cobraría unos tres millones de pesos, aproximadamente el cálculo que hizo Ponce.
FUENTES: Diario Río Tercero, Cadena 3.
